POBRES SOBERANÍAS/COLUMNA DESAFIO

Desafío Publicación: MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2010

*Pobres Soberanías

*Marinos Judiciales

*El Gran Escondite

Por Rafael Loret de Mola

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La Secretaría de Marina mantiene el misterio sobre las razones por las cuales supuestamente está habilitada para realizar operativos fuera de las costas y del mar patrimonial de nuestro país. No se olvide el principio rector que fundamenta el Estado de Derecho: los servidores públicos –los miembros de la Armada lo son-, sólo pueden hacer lo que les está específicamente ordenado. Esto es: las interpretaciones sesgadas respecto al imperativo de preservar la seguridad nacional no debe transgredir los límites territoriales ni las facultades expresas que la ley otorga.

¿O acaso los policías municipales de Ecatepec podrán actuar, con los mismos fueros, en Ciudad Juárez, alegando que un miembro de su comunidad ha sido afrentado allí? En la misma línea, cualquier funcionario que se pretenda responsable podrá arrogarse el derecho de armarse y proceder con la fuerza contra sus vecinos sospechosos aduciendo que actúa en beneficio global como si siguiera el papel de un gendarme o el de un agente judicial o del Ministerio Público. En este escenario, con seguridad, la anarquía sería total y la ciudadanía quedaría al garete, en estado de indefensión.

En 1985, en Michoacán, un destacamento del ejército y centenares de agentes judiciales, sin aviso previo a las autoridades estatales, rodearon el rancho “El Marengo” con la intención de aprehender al “capo” Rafael Caro Quintero y sus secuaces tras los secuestros y asesinatos del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano. Fuera del imperativo de actuar contra el entonces célebre “cártel de Guadalajara”, bajo la presión creciente del gobierno de Washington, el entonces gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Cárdenas, protestó enérgicamente contra el proceder incorrecto de soldados y policías federales al violentar la soberanía de la entidad.

Por supuesto, siguiendo el protocolo en boga durante la hegemonía priísta, el serio diferendo, con altos decibeles por la actitud de Cárdenas --esto es fuera de los cartabones de la disciplina y el sometimiento al poder central--, no culminó, como era de esperarse, con una seria sacudida institucional y la consiguiente consignación de los culpables que habían pasado por uno de los principios rectores de la ida republicana. Sin embargo, como podemos apreciar en la perspectiva actual, quedó como un referente, de la mayor importancia, para señalar la trascendencia de respetar el llamado “pacto federal” por encima de circunstancias y condiciones perentorias.

Por supuesto, en aquel tiempo, esto es a lo largo del deplorable sexenio de Miguel de la Madrid, no había gobernador alguno que no perteneciera al PRI y eran muy contados los alcaldes y legisladores opositores –en la Cámara Alta apenas unos escaños habían sido tomados por ellos-. Tal facilitaba la operatividad excesiva del presidencialismo y de sus brazos ejecutores sobre todo cuando se pretendían justificar los excesos en aras, insisto, de mantener la estabilidad... ad hoc con intereses y estrategias de la administración central.

En el horizonte actual, las aguas se salen de cauce con frecuencia aun cuando no se da el debido seguimiento para erradicar excesos y sancionar a los funcionarios abusivos. En buena medida, la pluralidad política, marcada por la presencia de veintisiete mandatarios estatales, de treinta y dos posibles incluyendo al jefe del gobierno defeño, contrarios, en cuanto a filiaciones partidistas, al titular del Ejecutivo federal. Una relación que no concuerda con el continuismo en el gobierno federal considerando, además, que el núcleo, en donde se generan más votos, el Distrito Federal, es gobernado por el PRD desde 1997.

A partir de 2000, por tanto –y es ésta una de las más trascendentes aportaciones, acaso la mayor, del convulso proceso democrático de México-, los gobernadores, salvo los panistas, parecieron liberarse del yugo disciplinario respecto a la casa presidencial de Los Pinos. Y acabaron por fundar un singular sindicato, la CONAGO, que ha sido el contrapeso efectivo a los excesos del poder presidencial aun cuando no los han acotado del todo por la preeminencia de controles y operadores centrales acogidos a la fuerza castrense del Estado.

Pese a lo anterior, acaso por aviesa deformación anclada en el modus operandis del llamado “viejo régimen”, han sido escasas las ocasiones en las que los mandatarios estatales han señalado los abusos con los cuales se anula el principio rector de las soberanías estatales –son, más bien, autonomías en cuanto, de acuerdo a la Carta Magna, prevalece un poder superior, precisamente el que da cohesión a la República-, bajo el peso del presidencialismo autoritario, no extinto y aún con enorme capacidad de maniobra.

Mientras el titular del Ejecutivo federal no se acoja a sus límites, no podrá existir el menor sentido democrático en su actuación.

Debate

Hace una semana, el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, uno de los mandatarios más incómodos desde la perspectiva de Los Pinos por su talante contestatario y sus desplantes ante quien ejerce la Presidencia, se querelló verbalmente por la intervención de trescientos elementos federales, incluyendo un pelotón de marineros –en una entidad en la que mar y costas quedan a cientos de kilómetros-, en Monclova, para catear casas y empresas, sobre todo la del director de la siderúrgica Altos Hornos de México, Luis Zamudio.

(En septiembre pasado igualmente la Marina procedió, a sus anchas, en un centro comercial, Plaza Moliere, de la colonia Polanco, en el Distrito Federal, para incautar documentación de una empresa minera bajo la insostenible justificación de que daban seguimiento a un caso que comenzó en una entidad con litorales. Y lo mismo sucedió en Morelos, en diciembre último, con motivo de la localización y muerte del “capo” Arturo Beltrán Leyva. Actuaron sin explicar qué o quién los facultaba para ello con la increíble displicencia de los también atemorizados legisladores).

Moreira, además, se ha caracterizado por denunciar los atropellos fehacientes de militares, sobre todo, y judiciales federales también, en su estado, con saldos muy negativos para la ciudadanía. Ello le ha llevado, incluso, a encarar al secretario de la Defensa Nacional, cuando fungía como tal el general Clemente Vega García, cuando un pelotón violó a once mujeres en territorio coahuilense. Finalmente le entregaron a unos cuantos soldados como culpables y con ello se calmó a la población civil afrentada.

Por supuesto, la denuncia ocasionó más ruido que nueces ante la ya acostumbrada negligencia de las autoridades del centro, maniatadas por la agenda militar del presidente en funciones y cuanto de ella deriva, entre otras cosas la inocultable impunidad que cobija a mandos medios y superiores castrenses ubicados en las regiones en donde la guerra entre los cárteles se mantiene en auge. Por ejemplo, a lo largo y ancho de la frontera norte del país.

No obstante, el paso se ha dado. Uno solo, pero con peso político indiscutible aun cuando haya pasado un cuarto de siglo entre el incidente en “El Marengo” y este en Monclova, muy cerca de Cuatro Ciénegas, en donde nació el prócer que transformó las revueltas y las armas en instituciones y leyes, Don Venustiano Carranza. De allí la obligación de defender el estado de derecho contra los amagos violentos de cuantos, amparados en el poder presidencial, creen no tener límites ni obligación alguna siquiera para informar de sus actos.

Cada vez, y es doloroso reconocerlo, estamos más cerca del abismo de la anarquía.

El Reto

Otra cosa, pero igualmente preocupante, es la cada vez mayor dificultad para cohesionar las posturas partidistas de quienes integran los distintos niveles de gobierno, el federal, los estatales y los municipales. Y esta tendencia se acrecentará, sin duda, a medida que nos acerquemos al 2012 con la baza puesta en la sucesión presidencial.

Desde ahora, postulantes y tiradores, cada quien en su respetivo feudo, ponen al día sus tácticas para denostar a los contrarios, esto es a los funcionarios con filiación partidista distinta, señalándolos con visión sectaria: esto es, sin el menor sentido de autocrítica para analizar conductas propias semejantes a las ajenas que condenan. Y ello, desde luego, eleva la dosis de confusión general. Otra cosa sería si, de verdad, los actores políticos relevantes buscaran el bien común.

Por ejemplo, en cuanto a lo analizado, ¿no es el momento para que, fuera de posturas facciosas, se defina, con corrección, el principio autonómico para exaltar la posibilidad de obrar en consecuencia en cada región del país y no tener que defender las soberanías estatales que no lo son?

Por algo debe comenzarse.

La Anécdota

En abril de 1999, al tiempo de que el entonces presidente Ernesto Zedillo vacacionaba en Cozumel y la Isla de Holbox, Mario Villanueva Madrid, sin entregar a su sucesor en la gubernatura de Quintana Roo, Ernesto Hendricks, el despacho respectivo, dejó con un palmo de narices a los agentes judiciales que trataban de asegurarle por efecto de severas denuncias contra él por sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Desde ese momento hasta mayo de 2001, cuando fue aprehendido en Cancún, el personaje supuestamente “más buscado” permaneció refugiado en un singular escondite: uno de los ranchos del cacique y entonces mandatario yucateco, Víctor Cervera, en el sur de su entidad. Hasta allí acudió la periodista Isabel Arvide invitada a hacerle a Villanueva una entrevista que publicó sin dar lugar a pesquisas sobre el paradero del sujeto. ¿Por qué le encubrieron?

Cervera arguyó, para retener al indiciado colega suyo, ejerciendo una especie de padrinazgo peninsular, que la soberanía de Yucatán debía ser preservada ante quienes quisieran violentar su territorio en busca del quintanarroense. Y, muy orondo, organizó el encuentro entre Zedillo y su par estadounidense, Bill Clinton... en su feudo yucateco. ¿Coincidencias?

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E-mail: rafloret@hotmail.com

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