¿LEGALIZAR LAS DR0GAS?

El maestro Modesto Seara Vázquez, rector ahora de la Universidad Tecnológica de la Mixteca -¡qué suerte la de sus discípulos!-, tuvo la gentileza de enviarme su obra “La Hora Decisiva. Análisis de la Crisis Global” –Porrúa, 1995-, que incluye un sustantivo apartado sobre el narcotráfico. Y, por supuesto, me obligó a recordar y reflexionar.
En la ya lejana década de los setenta, en las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Seara nos condujo a un debate, controvertido por esencia, sobre el imperativo de legalizar el consumo de drogas para evitar con ello, o intentar frenar cuando menos, el violento desarrollo del narcotráfico, entonces en pañales si lo comparamos con los niveles actuales. Algunos nos opusimos a la propuesta al considerar, con elementos diversos, que tal conduciría, sin remedio, a una mayor expansión de los estupefacientes con los consabidos daños contra la sociedad y sobre todo los jóvenes. La amenaza latente se cernía sobre México, en el inicio de la asfixia, aun cuando nos resultaba imposible avizorar entonces hasta donde llegaría el drama.

Quizá el maestro recordó aquel intercambio de opiniones, sobre todo por la rectificación de este columnista andado el tiempo. Porque, sin duda, la emergencia nacional, en ausencia de gobierno y con los militares en las calles como si se hubiera decretado la suspensión de las garantías constitucionales, debería obligar a los funcionarios encajonados a intentar siquiera resolver las controversias con algo más que reuniones, palabras y promesas sin el menor ánimo de asimilar las opiniones que no coincidan con las del grupo afín. Radicalismos fatuos, democracia perdida.

Debo reconocer que el maestro tenía razones de peso; y mantiene ahora su coherencia. ¡Ay, si cuando menos la clase gobernante hubiera reaccionado con vigor y vocación social en vez de entregarse, paulatinamente, a la alevosa infiltración de los cárteles! Y el mal ponzoñoso se extendió, sin remedio, sobre una sociedad en estado de indefensión porque prefiere asimilar las mayores afrentas, acaso por derivación del sometimiento de los pueblos conquistados.

En la obra referida, Seara plantea lo que él define como “ventajas” de la legalización de las drogas:

“A).- Eliminación del poder económico de las mafias del narcotráfico y del peligro de desestabilización del Estado que eso trae consigo.

B).- Desaparición de la causa de la mayor parte de la violencia y la corrupción ligada a las drogas. La violencia de los drogadictos, por ejemplo, se debe más a la búsqueda de medios para adquirir drogas que a un efecto del uso de esas drogas, aparte de que la verdadera violencia la provoca el narcotráfico.

C).- Liberación de los enormes recursos económicos utilizados en las acciones de represión, que podrían ser concentrados en el combate al uso de drogas y en el tratamiento de drogadictos. De la enormidad de esos recursos nos da una idea el hecho de que en 1992, el gobierno de los Estados Unidos gastó once mil 900 millones de dólares en la lucha contra el consumo interno, la represión del tráfico dentro del país, y el control fronterizo, así como apoyos a las acciones antidrogas de otros países.”

Hace unas semanas, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, varios de los asistentes –con férrea oposición de quienes aún creen en el gobierno en curso-, insistieron en el imperativo de que las autoridades, al privilegiar los derechos e intereses del colectivo, accedieran a “negociar” con los cárteles y secuaces en aras de recuperar un poco de la tranquilidad perdida antes de perder, definitivamente –como ya sucedió en Nuevo León, ingobernable-, la guerra territorial.

Al respecto se dio el ejemplo de Rudolph Guliani cuando, como alcalde de Nueva York en fase de reelegirse, fue exhibido tratando con las mafias para desatar los nudos asfixiantes de violencia que hacían imposible la convivencia. El propio Guliani creyó que había perdido con ello su pulso político e incluso pensó retirarse de su campaña, pero ocurrió lo contrario: sus asesores le hicieron ver que el argumento de fondo, la reposición del orden en la conflictiva urbe de hierro, validaban sus métodos. Y lo refrendaron.

Pero en México, los demagogos viven de los tabúes y de los escándalos superficiales. Y en esta hora, por ejemplo, las polémicas sobre los derechos de los homosexuales, en la cúspide de la Corte, parecen haber desplazado hasta las discusiones torales acerca del destino de una nación copada, rehén de las mafias y víctima del sin gobierno. Cabría preguntar quiénes han ganado con ello en pleno desfase de las controversias verdaderamente trascendentes.


Debate


Durante la llamada “reunión sobre seguridad nacional”, convocada por la Presidencia y desairada por las dirigencias del PRI y el PT –exhibidas por ello como viscerales-, Felipe Calderón, dejó hablar, es cierto, a sus contertulios... pero sin el menor ánimo de rectificar. Fue notorio cuando el senador Carlos Navarrete, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta –así debió presentársele y no como un mero “representante” del PRD-, preguntó hasta cuándo el ejército se mantendría en las calles de las urbes zaheridas, cómo el mandatario atajó la cuestión dando un mazazo de autoritarismo:

--El ejército se mantendrá en donde está... hasta el último día de mi mandato, el 30 de noviembre de 2012.

Entonces, ¿para qué tanta escenografía de oropel y tanta verborrea supuestamente democrática si, al final de cada discusión, quien mantiene el poder central no cederá un ápice?¿No había expresado el titular del Ejecutivo federal su decisión de rectificar ante el notorio fracaso de su “guerra” que sólo ha extendido el horror y las ejecuciones por todo el país?¿Cuántas miles de víctimas hacen falta –para sumarlas a las veintiocho mil ya registradas- antes de que el señor de Los Pinos se anime a buscar otras salidas?

Lo peor de todo es constatar que los signos autocráticos perviven aun con una figura presidencial desgastada, incluso rebasada por los hechos mismos, con apenas autoridad moral. Si legítimo fue el arribo de Calderón a la Primera Magistratura, su resistencia a las opiniones que no coinciden con la suya es demostración fehaciente de su falta absoluta de vocación democrática. Y es este, sin duda, el factor predominante en las interrelaciones de la clase política en el poder con la sociedad y quienes la representan políticamente, incluyendo un amplio sector de panistas cansado de las consignas presidenciales.

La arrogancia nutre al sectarismo; y la intransigencia revalida a la antigua autocracia que sólo se extinguió retóricamente tras la alternancia en 2000 y volvió a sentarse en la silla presidencial cuando se trocó el clamor por el cambio por el continuismo en todos los sectores de la vida institucional. Tal es, sin duda, una de las razones de la profunda descomposición sociopolítica que confluye hacia los escenarios de violencia.

El Reto


Oteemos hacia el gabinete presidencial. Dos son los hilos conductores sobresalientes del mismo: la improvisación y los antecedentes impregnados de ineficacia, por decir lo menos. Además, para los reemplazos inevitables, el jefe del mismo, Felipe Calderón, ha designado a elementos sin el menor posicionamiento nacional y con historias como funcionarios, en sus respectivas entidades, más bien controvertidas... pero poco conocidas en el centro neurálgico del país.

Cuando se dio el nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República –el 24 de septiembre de 2009-, los señalamientos llegaron desde Chihuahua, y sobre todo Ciudad Juárez, por las descalificaciones que el personaje había atesorado a causa de su negligencia –por decir lo menos- en cuanto a las indagatorias sobre los llamados “feminicidios”. Pese a ello, Calderón se mantuvo en sus trece.

Algo similar ha ocurrido con relación a José Francisco Blake Mora tras ser colocado en la Secretaría de Gobernación, considerada otrora una especie de jefatura de gabinete tácita: su perfil era prácticamente un misterio. Ha sido hasta hace unos días cuando han comenzado a ventilarse sus cuestionables actuaciones en Baja California a través de una misiva suscrita, nada menos, por quien fue comandante de la II Región Militar, el general Sergio Aponte Polito, quien señaló a Blake como “poco comprometido” en las tareas emprendidas contra la delincuencia organizada y, sobre todo, protector de malos agentes judiciales señalados por extorsión, secuestros y otras lindezas semejantes.

Resulta por demás sorprendente la falta de cuidado para extender nombramientos en la cúpula del poder federal. Esto es como si se tuviera la intención no de mejorar los cuadros sino de reafirmar complicidades. ¿No es lo anterior suficiente para exigir que los secretarios de Estado sean también validados por el Congreso como ya sucede en el caso del Procurador General aun cuando los mayoriteos camarales sigan imponiéndose?


La Anécdota


Como llegó la versión al columnista se las cuento. Un elemento de la PGR, experto en secuestros, explicó lo siguiente en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos:

--El verdadero problema es que su hijo mayor, Diego, se niega a pagar el monto establecido –cincuenta millones de dólares-, porque considera que con ello no se garantizaría la vida de su padre. Según él, en el mejor de los casos Fernández de Cevallos apenas sobreviviría precariamente. Y lo erogado sólo serviría para fines aviesos.

Por cierto, trascendió que el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, se negó tajantemente a aportar la mitad de la cifra final. El argumento es repetitivo: el gobierno no puede negociar con delincuentes. ¿En ningún caso?¿No es hora ya de tomar medidas excepcionales para afrontar hechos extraordinarios?

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