POR PROPIA MANO

Se publicó en: Edición impresa * Por propia mano
* Gobierno inútil

* Entre niños bien


Cuando inició la administración de Miguel de la Madrid –una de las más deplorables si analizamos resultados-, el falso lema en pro de la “renovación moral” llevó al mandatario a ordenar al general Ramón Mota Sánchez, jefe de la Policía Metropolitana y como tal sucesor del inolvidable Arturo “El Negro” Durazo, la desaparición de una siniestra dependencia, la División de Investigación para la Prevención del Delito (DIPD), creada apenas unos años atrás por iniciativa de José López Portillo a petición expresa de Durazo y concentrada en las acciones represivas más escandalosas y con muy pobre o nulo seguimiento judicial. Hablamos, entre otras proezas, de los asesinatos “del río Tula”, esto es los de doce colombianos relacionados en apariencia con los robos a distintas instituciones bancarias acaso con el ánimo de que no mencionaran sus vínculos con la superioridad.

Extraviado todo principio de autoridad moral, los excesos perfilaron, ya desde entonces, una profunda colusión de las bandas criminales y los cuadros de seguridad pública bajo el manto de una impunidad intratable. Fue de tal magnitud el escándalo que, muy avanzado el régimen delamadridiano, debió invertirse un millón de dólares, nada menos, en la extradición del famoso “negro” de esta historia quien, confinado y vencido, sólo permaneció ocho años en prisión, entre 1986 y 1992, y murió en 2000 en libertad. A sus honras fúnebres acudió el ex presidente López Portillo avalando con ello la tesis acerca de que su ex colaborador había sido perseguido por la “cofradía de la mano caída” –así la bautizó este columnista-, integrada por reclutas homosexuales con enorme penetración... en el aparato gubernamental.

Tal es, sin duda, un buen punto de partida para iniciar la cronología de la descomposición política y social del país. Y también el análisis de un gobierno rebasado por las mafias por efecto de las tareas sucias ordenadas a las mismas desde los primeros niveles del sector público. La pretendida “renovación” jamás llegó, mucho menos con el relevo en la titularidad del Ejecutivo y la asunción del señor De la Madrid a la Presidencia con todo y su parvada de efebos. Ya no fue posible, desde entonces, frenar la crecida delincuencial, sobre todo en la ciudad de México, y la infiltración notoria de las corporaciones policíacas. Fue entonces cuando Mota Sánchez, bajo presión y unos meses antes de ser removido, estalló al ser inquirido sobre la imparable inseguridad pública en el Distrito Federal, su jurisdicción:

--No podemos tener un policía detrás de cada ciudadano. Mejor ¡qué se cuiden solos!

Tal sugerencia vino acompañada de una velada invitación a portar armas, contraviniendo las limitaciones legales, para proteger los entornos particulares de los criminales. El general de marras cesó como policía pero mantuvo su influencia entre los mandos castrenses al punto de que ejerció como senador de la República, postulado por el PRI naturalmente, entre 2000 y 2006, la etapa marcada por la primera alternancia y las cuotas políticas a la grey militar, incluyendo la Procuraduría General que quedó en manos del general Rafael Macedo de la Concha, excepcional encubridor de sus colegas.

No hubo marcha atrás en cuanto a la extensión de las complicidades soterradas. Al contrario: se dispararon al tiempo de que se producía el “primer boom” del narcotráfico sobre territorio nacional creándose infinidad de “puentes” hacia los cárteles de Colombia. Fue en esta época, insisto, cuando se aseguraron los nexos y comenzó e desplazamiento de las mafias hacia el norte si bien nadie responde la cuestión de fondo: ¿qué sucede con las redes del otro lado del Bravo y las mojoneras? Los rastros se diluyen como por encanto en la demostración fehaciente sobre donde se asienta el verdadero e inescrutable poder.

En la perspectiva actual, ¿alguna autoridad se atrevería a reprochar a los ciudadanos comunes por llevar armas en sus vehículos, en la capital del país o en las regiones en donde el gobierno se muestra incapaz de repeler controlar a la delincuencia organizada? La cínica sentencia de Mota Sánchez se ha convertido en referencia obligada bajo el peso de las negligencias extremas de una oficialidad vulnerable y copada. Y los riesgos, por supuesto, van en aumento.

¿Qué puede decirse de mi querida y atenaceada Ciudad Juárez en donde las ejecuciones se suman ya por millares?¿O de Reynosa y Nuevo Laredo, tan entrañables también, cuyos diarios han claudicado en la defensa de su independencia editorial bajo el acoso de las mafias?¿Y de Michoacán, cuna del general Cárdenas y del mandatario actual, presa de una incontrolable violencia generada, en buena medida, por la impudicia política? Ya no citemos sólo al Distrito Federal, el centro neurálgico de los horrores, porque los dramas se extienden sin remedio a todas las latitudes, a cada rincón de la República. No quedan refugios. Lo mismo en Yucatán que en Aguascalientes; en el litoral del Golfo y en el del Pacífico; en el centro, el sur y e norte; igual en las grandes urbes que en las villas menos comunicadas, esto es de la metrópoli a Baridaguato, en Sinaloa, uno de los orígenes de los grandes “capos” con enorme poder en la actualidad, tanto hasta para fingir sus muertes y dejar con ello de ser perseguidos: hablamos, sí, del “cártel del paraíso” –“Confidencias Peligrosas”, Océano, 2002-, plenamente documentado con una secuela de “muertes vivientes” cada vez más larga.

En tales condiciones, ¿puede reprocharse al ciudadano común que proceda por su cuenta, en ausencia de justicia y celeridad judicial, tratando con ello de superar las afrentas recibidas? El instinto de supervivencia es, desde luego, superior a la obligada civilidad cuando no existen garantías para la convivencia pacífica. Y éste es, desde luego, el mayor drama de México y los mexicanos.


Debate


Dos de los más sonados casos de secuestros, el de Fernando Martí y el de Silvia Vargas, se han sostenido en los medios informativos gracias a la incesante capacidad promotora de sus familias y, desde luego, a su elevado rango financiero. Convertidos en emblemáticos, eso sí, ahora son referentes obligados para explicar el fenómeno de una sociedad atenaceada dispuesta a hacerse justicia por propia mano en ausencia de instancias gubernamentales que le respondan y alienten. El hilo conductor, desde luego, es la desconfianza, específicamente hacia las corporaciones policíacas que se sabe están contaminadas, y la certeza sobre los vínculos corrosivos.

No faltan razones para ello. En un buen número de secuestros, asaltos y extorsiones –incluso aprovechando la psicosis colectiva emanada del terrorismo, como sucede con la colonia vasca en México-, participan agentes o ex agentes judiciales o policías, en funciones o retirados en apariencia, como ejes y garantes de las bandas consideradas “despiadadas” por sus métodos criminales y los tratos vejatorios a víctimas y familiares de éstas. Lo que suele divulgarse no es ni siquiera reflejo de cuanto sufren y asimilan quienes entran en la espiral del odio insensato y comercializado. Y luego, además, surge la impunidad como si se tratara de un valor entendido; por ello, también, muchas veces no se llegan a denunciar las peores afrentas.

No son pocos los testimonios –este columnista cuenta con varios de ellos-, de quienes, inmersos en las negociaciones con las temibles bandas de secuestradores, encuentran los nexos de los criminales con la oficialidad representada por los elementos llamados a conocer del caso e incluso llevar adelante los acuerdos para liberar al familiar arrebatado cuya vida pende siempre de un hilo, a veces del humor de sus captores o de las incomodidades que puedan padecer éstos durante el proceso de rescate; más aún cuando la víctima reconoce a alguno de los facinerosos. Por lo general, claro, no viven para contarlo.

Tanto Alejandro Martí como Nelson Vargas, padres de los jóvenes mencionados líneas arriba, manifiestan que tan doloroso es el horror de perder a mansalva a uno de sus vástagos como la posterior indiferencia de los órganos destinados a dar seguimiento a los casos y también la de los medios informativos que, por la misma dinámica social, se vuelcan sobre asuntos de mayor actualidad y van olvidándose de los grandes pendientes. Esta amarga sensación de impotencia y ansiedad, una vez experimentada por este columnista en carne propia, acaba, en muchas ocasiones, por marcar a quienes no alcanzan la redención de la justicia. ¿Quién puede asimilar el hecho de percibir que los criminales se solazan al saberse inalcanzables al tiempo que las familias quedan desmembradas y en grave indefensión? Nadie que sea bien nacido.

El agobio es bastante mayor cuando se tiene conciencia plena de que el gobierno está de rodillas, impotente, mientras los criminales controlan los escenarios, sobre todo los del poder, y obligan a la sociedad civil, como sentenció en los ochenta el general Mota, a cuidarse sola, aislada y vulnerable por efecto de la corrupción y la demagogia infecunda.


El Reto


Nelson Vargas, quien como dirigente deportivo integró el equipo de los Fox durante el sexenio anterior, ha exhibido a la Procuraduría General de la República al explicar que él, por sus propios medios, fue capaz de indagar con efectividad sobre la banda que secuestró a su hija Silvia. La pobre respuesta gubernamental es demostración, por sí sola, de la negligencia atroz de cuantos se postularon para servir a la comunidad y sólo presentan saldos rojos, exacerbados por torpezas y la consiguiente incapacidad operativa, al tiempo que crecen las redes y penetran a lo más profundo del tejido social.

“No tienen madre”, expresó Vargas hace dos años para calificar a las autoridades venales que no han podido ofrecerle, siquiera, alguna información trascendente. Él, decidido y valeroso, mostró los nexos de la organización criminal denominada “Los Rojos”, a la que pertenecen los hermanos Ortiz González, identificados plenamente hasta por sus distintos apelativos, sin que los representantes “de la ley” sacaran siquiera la cabeza. Las semejanzas con el caso de “La Línea” y el secuestro del hermano de la ex procuradora de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, nos demuestran que seguimos en el mismo punto.

La sociedad civil toma la iniciativa como prueba incontrovertible de la ausencia de gobierno, es decir del vacío de poder que prevalece mientras se difama a la democracia. Es esto, señor Calderón, lo que no merecemos los mexicanos. Y ya es tiempo de responder por ello.


La Anécdota

En las vísperas de los comicios federales de 2006, en plena “campaña negra”, se acuñó un “chiste” con marcado sesgo político. Se decía que dos niños bien conversaban entre sí cuando uno de ellos comentó al otro:

--Yo quiero que gane López Obrador.

--¿Y eso por qué?

--Porque mis papis me han dicho que si él gana ¡nos vamos a vivir a los Estados Unidos!

En 2008, el propietario de uno de los diarios de circulación nacional, fincado en Monterrey para más señas, dirigió un mensaje al gobernador de Nuevo León –cuya copia tengo en mi poder- en donde le expresa que, al perder su confianza en las instituciones nacionales, optó por trasladar a su familia hacia la ciudad de Dallas para garantizarle con ello la seguridad que no podía darle en México.

Queda claro que en 2006... perdimos todos.

E-Mail: rafloret@hotmail.com