CONSTITUCION EN PUGNA

Desafío Publicación: JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2010

*Constitución en Pugna

*La “Contrarrevolución”

*Arrojo y Desesperanza

Por Rafael Loret de Mola

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Cansado ya de los recurrentes dislates retóricos entre las dirigencias partidistas, el mandatario federal en funciones, los postulantes ansiosos a la Primera Magistratura y cuantos se proponen como cabilderos de todas las controversias, me detengo en la descomposición, cada vez más honda, de la estructura jurídica y política del país. Nunca, como ahora, se ha visto tan cercano el deplorable escenario del Estado fallido y de los intereses que lo promueven, todos ellos perversos.

Una de las principales fuentes en donde han abrevado los “golpistas” institucionales, aquellos que erosionan la estructura republicana basándose en intrigas, componendas y confusiones, es, precisamente, la Constitución General de la República, víctima constante de lo que el maestro Daniel Cosío Villegas llamó, desde la lejana década de los setentas, “El Estilo Personal de Gobernar” –Cuadernos de Joaquín Moritz, 1974-. Porque, sin género de duda, cada mandante, que no mandatario, ha impuesto su sello adaptando los ordenamientos fundamentales a las condiciones y circunstancias de su respectivo periodo. Y ello, por supuesto, desembocó, al fin, en lo que es ahora la Carta Magna: un compendio de profundas contradicciones.

Hace ya varios lustros, no quiero decir cuantos, conversé con el maestro Ignacio Burgoa Orihuela, uno de los grandes constitucionalistas, sobre la posibilidad de que se diera una tendencia en pro de la instalación de un nuevo congreso constituyente a la vista de los cientos de remaches sobre el texto original del documento fundamental. Esperé una reacción apasionada del jurista y, a cambio de ello, me respondió sereno y contundente:

--La mejor reforma que pudiera hacerse a nuestra Constitución es honrar los principios esenciales que ampara. Allí están todos los que ahora se propugnan a causa de las tremendas desviaciones sufridas, desde la autonomía entre los poderes de la Unión hasta la soberanía de las entidades federales que debiera oponerse al centralismo disimulado.

No fue partidario el maestro Burgoa, por ello, de impulsar una nueva Constitución, asumiendo, con razones de peso, que tal podría ser pretexto para cancelar la esencia social de la Carta Magna vigente, garante de la justicia en una comunidad profundamente desigual y, por ende, siempre inestable. Pese a ello, no puede desestimarse el razonamiento contrario que se basa, precisamente, en la permanente erosión de los principios torales como secuela de la tendencia conservadora que anula, de modo paulatino, la esencia misma de los ordenamientos de avanzada cuando ni siquiera se había consumado la revolución rusa de la mano de los bolcheviques.

Al respecto, cabe una anotación de enorme importancia: si bien la Constitución de 1917, gracias a la vigorosa intervención de Heriberto Jara, introdujo normativas de índole “socialista” que confluyeron hacia los artículos 5, 27 y 123, entre otros, a diferencia del marxismo la tendencia nunca fue radical sino, más bien, conciliadora, esto es para posibilitar la convivencia entre sectores sociales encontrados sin requerir de un nuevo, bárbaro derramamiento de sangre.

Esta es una de las tesis principales de una obra singular y de enorme trascendencia, “La Constitución Contra sí Misma”, editada por la Compañía Editorial Impresora y Distribuidora S.A., de la que es autor el maestro Alejandro del Palacio Díaz, misma que recoge, puntualmente, las tremendas desviaciones sufridas por el texto superior, hasta nuestros días, a través, nada menos de ¡cuatrocientas setenta y seis reformas!

Y todavía hay quienes arguyen, demagógicamente, el principio de rigidez con el que se blindaron los principios esenciales –esto es para supeditar las modificaciones al consenso de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso-, cuando se evidencia la flexibilidad mañosa con la que la han deshonrado las distintas administraciones sexenales padecidas, rebosantes de intérpretes tramposos y contaminados por las ambiciones personales.

Desde hace largo tiempo, los mexicanos hemos sido testigos del imperio de la impunidad. Sólo por eso, claro, ninguno de los ex mandatarios predadores –y están vivos cinco y, a partir de diciembre de 2012, serán seis si no se extiende antes algún certificado de defunción-, ha respondido por sus graves desviaciones en el uso de funciones supraconstitucionales. Ni siquiera Luis Echeverría, acusado por genocidio aunque haya sido beneficiario de lagunas e interpretaciones banales para exculparlo.

El presidencialismo, que lleva a cada mandatario a cubrirse las espaldas como parte de las facturas por habilitar la transición sexenal, pervive con la fuerza de las complicidades entre pares y la Constitución en calidad de bambalinas.

Debate

Por efecto de torpezas y contradicciones, en la desembocadura de las tantas reformas a la Carta Magna, los mexicanos hemos ido perdiendo, paso a paso, derechos y hasta visión de futuro. Y, claro, los desequilibrios se han ahondado de modo dramático al no existir contrapesos frente a los excesos de los poderes fácticos extendidos gracias a las complicidades políticas.

Así, la tendencia privatizadora ha impuestos sus propias normas, destinadas en esencia a favorecer a los grandes corporativos –últimamente Televisa, que se observa como una especie de fiel de la balanza para la carrera sucesoria en 2012, ha recibido prebendas notables, como las concesiones para operar digitalmente compradas a precios de remate, acaso como parte de las negociaciones con vistas al Palacio Nacional-, en detrimento de los derechos laborales. Allí están, todavía en la calle, los empleados de la antigua Compañía de Luz y Fuerza, como pruebas de la nueva interrelación entre el gobierno y la iniciativa privada, contraria, en esencia, a los postulados constitucionales.

Del espíritu del Constituyente, sabio por lo demás, queda bastante poco. De allí que Alejandro del Palacio, autor de treinta y dos ensayos, académico de Filosofía del Derecho y Teoría Constitucional en la Universidad Autónoma Metropolitana, confirme un tremendo aserto:

“Con el arribo del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia, la contrarrevolución en el gobierno, convertida en norma constitucional, continúa el proceso de desarticulación del Estado social...”

Una guerra soterrada pero efectiva que va ganando el núcleo más conservador por encima de la justicia social y de las libertades que amparaba el texto original de la Carta de Querétaro. Se ha perdido cohesión y, lo que resulta peor, memoria histórica. Así, la amnesia y la ignorancia colectivas, acaso consecuencia del hastío general ante las interminables discusiones bizantinas de los representantes populares –más animados a defender sus parcelas de poder que los principios rectores y plataformas ideológicas fundamentales, ahora a través de lo que he llamado alianzas turbias-, coadyuvan, sin remedio, al caos jurídico: esto es el choque entre cuanto surgió del vanguardista Constituyente de 1917 y los intereses macroeconómicos amparados en una efectiva regresión moral e histórica.

Por ello, puede concluirse, con Del Palacio:

--“El propio partido gobernante (PAN) resulta víctima de sí mismo y se ve obligado a abandonar el programa basado en las tesis tomistas del bien común para adoptar las tesis del individualismo burgués más recalcitrante...”

Y, además, con un ingrediente notable: el forcejeo entre el Legislativo y el Ejecutivo al ritmo de la exaltación del sectarismo faccioso, numen, por desgracia, de la “nueva” política nacional que pretende cargarle los muertos a la “democracia”, así, entre comillas.

El Reto

Me detengo en uno de los capítulos centrales de “La Constitución Contra sí Misma”. Precisamente el referido al “nuevo régimen” y en el que se desmenuza la demagógica, fútil, reforma que, bajo el foxismo, pretendió incorporar la “transparencia” al quehacer gubernativo para, al final de cuentas, significar un nuevo, inviolable candado contra la información.

“En realidad –explica el autor-, la llamada transparencia no agrega derecho alguno que no pueda inferirse del principio de legalidad, fundamento del Estado contenido en la Constitución en sus artículos 14 y 16, y del principio de publicidad de la ley”.

Lamentablemente, la transparencia, pretexto para ampliar a la burocracia dorada a través de decenas, centenas de comisiones arcaicas e inútiles, pero con cargos muy bien remunerados hasta en los municipios paupérrimos, no ha sido sino escaparate más que recurso para ampliar la libertad de expresión. Porque, para desgracia general, los asuntos de mayor relevancia, aquellos que pudieran explicar los vaivenes incesantes de la clase política a través incluso de la barbarie –los magnicidios y las vendettas entre mafias, por ejemplo-, están encasillados como asuntos que conflictúan la seguridad del Estado y, por ende, reservados durante años. (Así también cuanto se relaciona con los supuestos “accidentes” que marcaron a los sexenios panistas con las muertes de Ramón Martín Huerta y Juan Camilo Mouriño).

El rosario de mentiras explica el sustento del aplastamiento del Estado de Derecho.

La Anécdota

Tremenda conclusión: a cien años de distancia, desde el movimiento revolucionario que confluyó hacia la Constitución de 1917, nuestra Carta fundamental está bastante peor que en el principio, acaso maniatada y afrentada por la parvada de intérpretes y leguleyos al servicio del poder central. Así lo planteo al maestro Del Palacio quien extiende la sentencia:

--Sí, es bastante peor el escenario. Porque hace una centuria, pese a la violencia de toda Revolución, existía la convicción sobre un mejor mañana y ello obligaba a ser creativos y visionarios a los mexicanos. Hoy, también bajo la violencia pero ésta sin ideologías, priva la desesperanza.

Duele, pero no ha lugar a réplica.

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Rafael Loret de Mola
Escritor